PROYECTO ACLÁRATE
El documento debe incluir información objetiva sobre los prejuicios contra los migrantes detectados en un estudio previo, los cuales son:
1. EL AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD
Uno de los principales argumentos para criticar la migración legal y la regularización de inmigrantes irregulares es el supuesto aumento del crimen relacionado con su llegada. Vamos a comprobar cuánta veracidad hay en estas afirmaciones.
No es cierto que el aumento de la criminalidad se haya dado por culpa de los extranjeros. Como en todo bulo, siempre hay una parte de verdad y es cierto que la criminalidad ha ido en aumento en los últimos 15 años.
Según la estadística de Condenados del Consejo General del Poder Judicial, en España se cometieron 172.518 delitos en 2007, frente a los 426.416 del año 2022 (último en que hay registros). Esto es casi tres veces más. Pero el aumento de los delitos no se debe a las migraciones. Estos son los datos.Es cierto que los extranjeros tienen más posibilidades de delinquir que los españoles, ya que estos representan en torno a un 12 % de la población (un 16 % en la C.Valenciana) y cometieron un 25 % de los delitos en 2022. Sin embargo, la delincuencia no ha crecido por ellos, es más, en porcentaje, los extranjeros delinquen menos ahora que hace 15 años.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2007 el 28,3 % de los delitos fueron cometidos por inmigrantes, en 2012 esa cifra bajó al 25 %, en 2017 al 22 % y en 2022 otra vez al 25 %. En resumen, la criminalidad, en términos absolutos, ha aumentado desde 2007, pero siempre en la misma proporción de nacionalidad, incluso bajando varios puntos en el caso de los inmigrantes.
Por acotar todavía más y situar estos datos en el imaginario colectivo, un 7,7 % de los delitos los cometen extranjeros de un país de la Unión Europea, un 6,6 % de América y un porcentaje similar de africanos, aunque sobre este último colectivo pese el prejuicio de que cometen la mayoría de delitos.
Ni siquiera en robos y hurtos la cifra se inclina hacia un lado: el 73% de amigos de lo ajeno son españoles, frente al 10% de otros miembros de la UE y el 8% de africanos. Los condenados por tráfico de drogas (contra la salud pública) también son mayoritariamente españoles: un 67,5% frente a los 12,7% de africanos o el 9,4% de americanos.
Si miramos las cifras de detenidos e investigados del portal estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior podemos ver que se arroja una realidad muy parecida. Pongamos como ejemplo los últimos 10 años. Como los últimos datos son de 2022 cogeremos como ejemplo 2012.
Lo primero que podemos comprobar es que el número de detenidos ha bajado, tanto en españoles como en extranjeros. En 2012 hubo 63.102 detenidos o investigados en la C. Valenciana, de estos 20.485 extranjeros, mientras que en 2002 hubo 58.638 detenidos, 19.766 extranjeros. Es cierto que en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, hay una tendencia al alza, pero sigue estando muy lejos de los 63.500 del año 2013, año en que se registraron más detenciones.
Otro aspecto importante a señalar es que hay que tener en cuenta que los inmigrantes no son un grupo homogéneo. Por eso es interesante señalar el estudio de los economistas César Alonso-Borrego, Nuno Garoupa y Pablo Vázquez, que analizaron las olas migratorias en España entre 1999 y 2009.
Los economistas encontraron que la tasa de criminalidad aumentó menos que en otros países y que sólo existía una relación significativa positiva entre la inmigración y el crimen según el origen y contexto de aquella. Es decir, el aumento en la tasa de criminalidad no tiene nada que ver con el número de extranjeros, sino a las características específicas de estos. El estudio explica que aquellos con el español como lengua materna y un mayor nivel educativo tienden a delinquir menos que otros con menor similitud respecto a la población nativa y que no tienen estudios.
Por ejemplo, frecuentemente se señala a la migración africana (especialmente a la de Marruecos y Argelia) como causantes de oleadas de delitos y del aumento de la delincuencia.
En primer lugar, ya hemos visto que no es así. En segundo lugar, ni siquiera son los primeros en número de detenciones, sino que se sitúan por detrás de la migración desde América y muy cerca de la de otros países de la Unión Europea, que también cuenta en las estadísticas como gran parte de los detenidos aunque se mencione en pocas ocasiones.
Mientras que entre 2005 y 2011 la tasa de inmigrantes pasó del 8,5 al 12,2%, cuando llegó a su máximo apogeo, en el mismo periodo la criminalidad bajó de 50,6 delitos por cada 1.000 habitantes a 48,4. De hecho, España es el tercer país con menos delincuencia según Eurostat.
Los autores destacan también que, a pesar de que los inmigrantes arrancaron con una tasa de criminalidad un poco más alta al inicio de la ola, ésta ha ido convergiendo con la de los nativos conforme cambiaba la composición y el tamaño del primer grupo. Se pone como ejemplo el caso de la inmigración rumana en España, hoy en día una de las mayores del país, que a pesar de 'estrenarse' con altas tasas de criminalidad, la tiene hoy menor que la de los nativos en el grupo de edad de 20 a 50 años. Según el estudio, es entre los hombres jóvenes menos educados donde se concentra el crimen. La clave no es la migración, sino la marginalidad.
En esta línea también es interesante hablar de la tasa de reincidencia en las cárceles españolas, que dista mucho de la percepción que tiene una parte de la sociedad. En términos
absolutos, 8 de cada diez personas que salen de la cárcel no vuelven a entrar nunca. Y del 20 % que sí lo hace, 9 de cada diez son ciudadanos españoles, con lo que la tasa de reincidencia de los extranjeros es mínima en nuestro país.
Fuentes:
2. EL APROVECHAMIENTO DE LAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS
Otro argumento tan viejo casi como las propias migraciones es el aprovechamiento de las ayudas extraordinarias. Desde el CIS de 2002 más del 10 % de españoles se mostraban
preocupados por el tema, un rechazo que crece como la espuma en periodos de crisis económica como este. Veamos cuánto hay de verdad.
Los inmigrantes aportan diez veces más a la Seguridad Social de lo que gastan. En concreto, aportan el 10% de los ingresos que cada año recauda la Seguridad Social y solo le suponen un 1% de su gasto. Son datos ofrecidos por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, en una rueda de prensa en enero de este mismo año 2024.
El Defensor del Pueblo elaboró un informe en el año 2020 titulado “La contribución de la inmigración a la economía española” en el que constata que “la contribución de la inmigración laboral es muy notable desde el punto de vista de los ingresos fiscales, especialmente por el lado de las contribuciones a la seguridad social” y contrata que “en términos de recaudación impositiva no existe ninguna excepción para los extranjeros que residen en territorio español”.
Algo importante que destaca el estudio es que el sistema de Seguridad Social español está orientado al principio de universalidad. Es decir, que los extranjeros residentes tienen
derecho a acceder a las prestaciones en las mismas condiciones que los españoles. Así, los criterios de elegibilidad están basados solo en la “contributividad” o residencia iguales para todos los beneficiarios. No puede existir, por tanto, discriminación por origen. Y desde luego no existe ninguna paga específica para inmigrantes, ninguna prestación social para ellos ni ningún trato de favor. No puede existir.
Sin embargo, hay que añadir algunas variables a la ecuación. La primera es que los extranjeros sí que tienen una barrera en el mercado laboral pocas veces comentada, y es que no pueden ser funcionarios públicos, algo en lo que trabaja el 20 % de los españoles. En su lugar solo pueden ser “personal laboral”, más inestable y con peores condiciones.
La segunda es el detalle de “extranjeros residentes”, y es que gran parte de los migrantes que viven en España están en situación de irregularidad administrativa. Un estudio del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (UV) estima que hay unos 50.000 “sin papeles” en la Comunitat Valenciana, lo que sería casi uno de cada 15. La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid estima que son más de medio millón de personas en España. Al no tener papeles estos estarían excluidos de facto de todas las ayudas de la Seguridad Social, en especial del paro ya que no han tenido la posibilidad de cotizar, pero también de las pensiones no contributivas, al no cumplir los requisitos para recibirlas.
Hablemos de prestaciones. Para comenzar, el gasto en pensiones de los inmigrantes es “extremadamente reducido” según explica el Defensor del Pueblo debido a que la enorme
mayoría son personas jóvenes. El número de pensiones contributivas en favor de extranjeros era a finales de 2019 de un 1,6 % cuando la población extranjera mayor de 65 es del 3,6 %.
Esto es debido a que, en la mayoría de los casos, su periodo de residencia no alcanza lo mínimo para recibir el subsidio.
Pasa lo mismo en la prestación por desempleo. El peso de los extranjeros entre los beneficiarios (10,9 %) es menor al peso entre el colectivo de parados (18 %). La tasa de cobertura es 20 puntos inferior para los extranjeros que para los españoles.
Prestaciones no contributivas
Aparte de las ayudas analizadas antes existen subsidios no contributivos, siendo uno de los más conocidos el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llega a 753.000 personas en toda España. Pese a que algunas formaciones políticas han tratado de situar a los inmigrantes como principales preceptores de estas ayudas, la realidad es que son menos del 20 % de los beneficiarios. En resumen, 608.861 personas que reciben la ayuda son españoles.
Aún así, cabe recordar que los inmigrantes suponen un 12 % de la población española ¿Por qué esta sobrerrepresentación? Según el Defensor del Pueblo la tasa de riesgo de pobreza
entre los extranjeros duplica la de los españoles, y de hecho, uno de cada dos extranjeros son pobres en España. Con estos datos en la mano, es lógico que la población migrante esté en parte sobrerrepresentada en algunas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital, aunque siga estando muy lejos de ser la mayoría como algunas formaciones políticas quieren hacer ver. Lo mismo sucede con la Renta Valenciana de Inclusión, donde el 75 % de los beneficiarios son españoles.
Resulta muy complicado hacer una radiografía de todas las ayudas estatales y autonómicas y disgregarlas por nacionalidades, pero si atendemos a los datos más actualizados de uso de servicios sociales recogidos en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, revelan que a lo largo de 2019, la red pública de centros de servicios sociales atendió a 5,5 millones de usuarios. De estos, tan solo el 5, 7 % eran inmigrantes y solo el 0,09 % eran refugiados.
Una mirada histórica
El estudio recuerda que, desde que empezaran las olas migratorias en España, allá por el año 2000, no ha habido cambios en materia de cantidad o calidad del gasto social. A lo largo de las últimas dos décadas, la migración neta ha variado de forma significativa, siguiendo una dinámica vinculada al ciclo económico sin que, en este mismo período de tiempo, se hayan registrado cambios reseñables favorables en el marco de prestaciones del estado de bienestar español. De hecho, recuerda que si un sector de la población sufrió especialmente las políticas de austeridad derivadas de la crisis económica, ese fue la población migrante.
Otro estudio que merece la pena consultar es el realizado por la Fundación La Caixa en el año 2011, en el que se extrae que los inmigrantes aportan mucho más al estado del bienestar de lo que reciben.
Fuentes:
3. LA NO VOLUNTAD DE TRABAJAR PARA NO PERDER LAS AYUDAS
Otro de los mitos extendidos sobre los migrantes es el de la no voluntad de trabajar para no perder las ayudas. Un argumento que se puede empezar a desmentir con los datos del anterior apartado, en el que explicamos que los migrantes reciben menos ayudas sociales que los españoles y que, de hecho, aportan mucho más al estado de lo que reciben. Pero veamos lo que dicen los datos.
La realidad es que en las economías del sur de Europa el crecimiento del PIB entre 1990 y 2014 habría sido 20 puntos más bajo si no se hubiera contado con la población migrante. Según reconoció la propia Ministra de Migraciones en enero de este año, al igual que el Defensor del Pueblo en su informe, el crecimiento económico de España está condicionado a la llegada de inmigración.
Es más, el mercado laboral está sustentando gran parte de su crecimiento y bonanza en las personas migrantes, hasta el punto de que cuatro de cada 10 empleados creados durante 2023 los ocuparon personas nacidas fuera de España. Como explica el Defensor del Pueblo, la inmigración es fundamental para que le vaya bien a un país. “Una fase de intenso crecimiento como la vivida entre 2000 y 2007 sólo es posible gracias a la llegada de inmigración laboral: 5 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por trabajadores extranjeros”.
Según los cálculos que maneja la Comisión Europea, la economía española va a necesitar de un flujo estable de migrantes para sostener sus empresas y servicios públicos. Según citó la ministra, hasta 2050 España precisará cada año de un saldo neto de entre 200.000 y 250.000 migrantes al año.
Aunque los extranjeros acaban trabajando en unos sectores de la economía determinados, está demostrado que existe un efecto “contagio” que hace que aumente el empleo en el resto de sectores y que la economía mejore en todos los ámbitos.
Sin embargo, la mejor manera de desmentir este mito es con datos de afiliación a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles a 17 de junio de 2024, en España 21.219.318 personas están dadas de alta en la Seguridad Social, de ellas 18.3 millones son españoles y 2.9 extranjeros.
Si comparamos los datos, vemos que los extranjeros son un 13 % de los trabajadores cuando representan un 12 % de la población general. Este dato, por sí solo, desmiente el argumento de que los extranjeros no quieren trabajar para seguir cobrando las ayudas.
De hecho, los extranjeros de nacionalidad marroquí son la principal nacionalidad de fuera de la Unión Europea en trabajadores, a pesar de que frecuentemente se trata de hacer ver que se aprovechan de los subsidios no contributivos, cuando precisamente es la que más trabajadores acumula.
Los extranjeros, como ya se ha explicado, son un 10 % de los preceptores de paro (aunque son un 12 % de la población) y no llegan ni al 20 % de los que perciben prestaciones no
contributivas como el ingreso mínimo vital, a pesar de que uno de cada dos extranjeros en España es pobre.
En el anterior apartado se explica que la Seguridad Social en España es universal, es decir, que se dan las mismas ayudas a españoles y extranjeros residentes siempre que se cumplan los requisitos. No hay ayudas específicas para inmigrantes, ni pagas, ni ningún trato de favor. Con esto sobre la mesa, los datos arrojan que los extranjeros aportan más al estado de lo que reciben y en proporción reciben menos ayudas sociales que los españoles. Con esta información en la mano, el mito de que los extranjeros no trabajan para no perder las ayudas cae por su propio peso.
En conclusión, los extranjeros no solo no se aprovechan de las ayudas sociales, sino que las usan menos que los españoles y además son una pieza clave para que la economía de los países crezca, algo que reconoce tanto la Comisión Europea como el propio Gobierno de España. Son el motor de la economía a través del trabajo.
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4. LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La mayoría de delitos sexuales son cometidos por extranjeros. Una mentira que no por repetirse mucho se convierte en verdad. Si miramos los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) el año 2022 se cometieron 3.835 delitos sexuales, de los cuales 1.169 fueron perpetrados por extranjeros, un 30 % del total.
Es cierto que los extranjeros están sobrerrepresentados en esta estadística al ser el 12 % de la población española, pero desde luego no son la mayoría como se afirma en muchas ocasiones. La principal procedencia de los delincuentes sexuales es América, con 456 casos, seguido de África, con 332 y la Unión Europea con 295. Si apuntamos a los migrantes africanos, a los que se suele responsabilizar de la mayoría de delitos sexuales, los datos arrojan que sólo son responsables de un 8,6 %.
Si echamos la vista atrás podemos ver que los delitos sexuales han crecido, fundamentalmente por el mayor grado de concienciación sobre este problema y el aumento de las denuncias al tener las víctimas mayor protección. Además, ha crecido el porcentaje de extranjeros de un 25% en 2017 a un 30 % en 2022.
Si nos enfocamos en los delitos por violación, por ser frecuentemente los más sonados mediáticamente, podemos ver cómo los extranjeros predominan. En 2022 hubo 46 delitos de este tipo, y 24 (más del 50 %) los perpetraron extranjeros. De estos destacan especialmente los de nacionalidad americana con 11. Los africanos, que suelen estar sistemáticamente bajo la mira, representan un 10 % de las violaciones. La proporción es similar desde que existen estadísticas en 2017. En la tipología de agresiones sexuales la proporción de
extranjeros también es un poco menos de la mitad (y 10 % de africanos).
Pero no todo es blanco o negro, si miramos otros tipos de delitos sexuales, como por ejemplo el acoso sexual, los españoles son amplia mayoría con un 82 % de los casos. De los 81 delitos perpetrados en 2022, 66 fueron a manos de españoles. También sucede algo similar con los delitos de prostitución y corrupción de menores. De igual manera, la proporción se mantiene estable en el tiempo y también las nacionalidades, representando los países de la UE siempre una gran proporción sólo por detrás de América y África.
Que los extranjeros están detrás de la mayoría de las violaciones es cierto. Sin embargo, es un dato que no se puede entender sin mirar la fotografía completa, y que pretende estigmatizar a cinco millones de habitantes en España basándose en 24 personas.
Al mirar la foto completa lo que se puede ver es que los extranjeros cometen un 30 % de los delitos sexuales aunque representen el 12 % de la población. Lo que no se puede afirmar de ninguna manera -y esto es clave- es que ha habido un aumento de delitos sexuales por la llegada de inmigrantes a nuestro país, ya que la proporción se mantiene bastante similar desde que empezaron a recopilarse datos. Tampoco puede aseverarse que exista un problema con la migración procedente de África ya que, pese a los bulos, representan solo un 10 % de los delitos sexuales, menos que los procedentes de América y ligeramente más que los extranjeros de otros países de la UE, sobre los que no existe una alarma social.
Los datos se reducen aún más si hablamos de los menores de edad, sobre quienes también se ha puesto el foco. Si atendemos a los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2022 se cometieron 636 delitos sexuales. De estos, 512 fueron perpetrados por españoles y 124 por extranjeros (un 20 %).
En este caso, el porcentaje de delitos sexuales cometidos por menores extranjeros ha bajado. En 2017 (primer año con registros) los extranjeros perpetraban un 27 % de delitos sexuales, y en 2022 fueron un 20 %.
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5. EL COLAPSO DE LA SANIDAD
Los inmigrantes colapsan la sanidad pública. Otro argumento frecuentemente utilizado que, en tiempos de crisis, encuentra su caldo de cultivo perfecto. En 2012 el Gobierno del Partido Popular aprobó una reforma del Sistema Nacional de Salud por la cual se limitaba la atención pública sanitaria a extranjeros sin papeles basándose en esta premisa. Doce años después, en 2024, el actual Gobierno ha recuperado la universalización de la sanidad tras constatar que, efectivamente, los inmigrantes no colapsan la sanidad. Es más, acuden mucho menos que el español promedio.
Según el informe “La contribución de la inmigración a la economía española” publicado por el Defensor del Pueblo en el año 2020 “los extranjeros hacen un uso inferior de consultas,
pruebas diagnósticas y medicamentos, generando un menor gasto per cápita en sanidad que el asociado a la población nativa”.
Más allá de consideraciones éticas y de no dejar a nadie atrás, la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales recomienda a los estados que se universalice la sanidad porque “el acceso universal sin restricciones contribuye a la mejora en la salud colectiva de toda la población en la medida en que la excusión o la marginación del acceso al sistema dificultan la detección y el tratamiento de las enfermedades y pueden presentar un riesgo para la salud pública”. Así, tener una sanidad universal ahorra mucho dinero a las administraciones ya que “tratar una condición sólo cuando se convierte en emergencia no solo pone en peligro la salud del paciente, sino que resulta en una mayor carga económica para los sistemas de salud”.
Sobre el bulo de que los inmigrantes colapsan la sanidad, la Encuesta Nacional de Salud es clara “los extranjeros hacen un uso inferior de consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos”.
La explicación de este fenómeno es bastante lógica, la menor edad promedio de los extranjeros residentes en España que provoca que frecuenten menos los centros de salud. En España, la mitad de la población extranjera se concentra entre 25 y 44 años. Por contra, la mitad de los
españoles tiene más de 45.
En promedio, el gasto per cápita por atención sanitaria pública sería un 38 % superior para la población española respecto a la extranjera, según un estudio de Hacienda sobre el gasto sanitario. En concreto, 1.544 euros para los españoles frente a 1.115 de los migrantes.
Luis Gimeno es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud San Pablo, de Zaragoza, profesor asociado de la universidad maña y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). Además es autor de varias investigaciones en las que se radiografía el uso del sistema sanitario por parte de inmigrantes. En estas investigaciones descubrió que el gasto farmacéutico en los usuarios de la sanidad nativos era de 317 euros al año, un coste que se reducía hasta los 69,5 euros en el caso de los migrantes residentes y a 8,7 euros para los indocumentados. Los inmigrantes tampoco gozan de ninguna ayuda extra a medicamentos, tienen que pagar el 40 % del precio al igual que los españoles.
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6. EL EXTREMISMO Y TERRORISMO VINCULADO A LOS MIGRANTES DE ORIGEN MUSULMÁN
Las prácticas penales contra el terrorismo yihadista nacen tras la ofensiva contra Afganistán en respuesta a los atentados del 11-S. Una “guerra contra el terror” que Estados Unidos exportó a todo el mundo.
Vamos con los datos. Según el Observatorio Andalusí de la Unión de Comunidades Islámicas de España, en nuestro país hay 2,3 millones de musulmanes (un 44% españoles). En cuanto a los extranjeros, fundamentalmente son marroquíes (37%), pero también destaca la comunidad pakistaní en ciudades como Barcelona o València, los senegaleses en Lleida o los argelinos en Alicante y Zaragoza. En realidad, se trata tan sólo de una estimación ya que ninguna administración pública recoge datos sobre la religión de los ciudadanos. Pese a todo, usaremos estos datos al ser los únicos disponibles.
Por otra parte, el año 2023 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 78 detenciones por yihadismo en 36 operaciones, un récord de detenciones desde el año 2004, según un informe del sindicato Acaip, mayoritario en las prisiones. Eso supone un 0,003 % de los ciudadanos musulmanes.
Sin embargo, esta cifra de detenciones no implica el ingreso en prisión de los implicados. Entre los detenidos hubo 14 pakistaníes expulsados de España tras su detención y 4 menores internados en centros. Entre las nacionalidades de los detenidos destacan la española y la marroquí, aunque también se detuvo a un búlgaro, un ecuatoriano y dos brasileños.
Según una recopilación de los informes anuales de la Europol sobre la situación y tendencias del terrorismo en la UE, desde 2010 los atentados yihadistas se sitúan en la cuarta de cinco posiciones en cuanto a ataques registrados en suelo europeo. Les superan por mucho los ataques etnonacionalistas, y anarquistas. Sin embargo, en los últimos años son la principal preocupación de las autoridades.
Según el último informe de Europol sobre el estado del terrorismo (TE-SAT) en 2022, Francia es el país europeo que experimentó más ataques (5) seguido de Alemania (3) y España (1). En cuanto a los ataques de extrema derecha, el informe advierte que están al alza en los últimos años. En 2020 hubo cuatro ataques, en 2019 dos y en 2021 tres ataques se frustraron antes de suceder en Suecia, Austria y Bélgica. Estos últimos, sin embargo, no gozan del mismo foco que los ataques yihadistas.
Si nos fijamos en los ataques yihadistas podemos ver que en 2019 hubo 436 arrestos para 18 ataques en toda la UE y muy pocos se perpetraron, mientras que en 2021 hubo 260 arrestos en 11 atentados (la mayoría se quedaron en intento). La realidad es que las autoridades son capaces de desmantelar la célula mucho antes de que ocurra el ataque. También hay que señalar que, con el paso de los años, cada vez hay menos intentos y ataques terroristas en territorio europeo, sobre todo por la capacidad de las fuerzas del orden de interceptarlos.
Por otro lado, la batalla contra el terrorismo también se libra en internet. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad) promovió el año pasado la eliminación de más de 3.000 webs que contenían fotos, vídeo o documentos que hacían proselitismo del terrorismo. De estas, el 80 % correspondían a contenido yihadista radical, aunque expertos policiales destacaron en una rueda de prensa en mayo de 2024 que ha aumentado de forma significativa la propaganda ideológica de extrema derecha, que representa casi el 20 % restante. Muy lejos quedan los contenidos de extrema izquierda y anarquistas.
Datos del Real Instituto Elcano apuntan que los que iniciaron su radicalización cuando aún no eran mayores de edad han pasado de representar el 17,1% de los condenados o fallecidos en España entre 2001 y 2011, al 23,4% entre 2012 y 2023. El año pasado fueron detenidos en España ocho menores de edad por actividades yihadistas.
La exposición de estos datos no pretende minimizar la amenaza del terrorismo yihadista, pero sí exponer la magnitud del asunto, y más teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los detenidos no son migrantes, dentro de que representan un 0,003 % de la población musulmana.
Por último, cabe destacar varias tesis de Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian, autoras de La radicalización del racismo: Islamofobia de estado y prevención antiterrorista. En el libro ambas critican el uso de esta emergencia antiterrorista para extender la idea falaz de que “detrás de cada musulmán hay un potencial terrorista”.
Nadia y Amazian realizan un trabajo de campo exhaustivo en el que critican que algunos programas para prevenir la “radicalización de jóvenes” no tienen razón de ser y que mantienen viva la idea de “la guerra contra el terror” para legitimar y justificar la adjudicación de cuantiosas partidas presupuestarias al Ministerio de Defensa y de Interior.
En su investigación, las autoras critican que en 2016 los Mossos d’Esquadra aprobaron un protocolo de Detección, Prevención e Intervención contra el yihadismo en el que se vigilarían comisarías, cárceles y sobre todo escuelas, ya que en estas últimas consideran que está el mayor peligro. La vigilancia se lleva a cabo con el apoyo de los docentes.
Para estos protocolos, agentes de los Mossos imparten charlas a los docentes en las que les explican los diversos factores de radicalización, como por ejemplo vivir en un barrio de
población mayoritariamente musulmana, asegurar no sentirse catalán, o pedir que la comida del comedor sea halal. El hecho de que las adolescentes musulmanas no se maquillen o no se pinten las uñas es otro aspecto que los docentes deben informar a los Mossos.
Para Amazian y Nadia, estas prácticas, en nombre de prevenir el yihadismo suponen “institucionalizar el racismo y la islamofobia en el ámbito escolar”.
Las autoras también realizaron entrevistas a presos y consultaron el protocolo de las prisiones, en el que también se sitúa comer halal como factor de radicalización. Además de esto, también se tiene en cuenta “reciente entrenamiento físico”, “impulsividad emocional”, “resistencia al cumplimiento de la normativa del centro”, “prestar apoyo a otros internos”, “relaciones preferentes con musulmanes” o “rechazo a los funcionarios”.
Si un funcionario tiene sospechas de radicalización puede incluir al preso en los Ficheros Internos de Especial Seguimiento (FIES). Esto supone un régimen de vida más duro en la
cárcel. Su creación fue tan polémica que el Tribunal Supremo se posicionó al respecto pero el Estado la recurrió.
Todas estas pruebas sirven a Nadia y Amazian para aseverar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “criminalizan al musulmán por el simple hecho de serlo”.
Fuentes:
